El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía, reduce trámite en proyectos con financiación internacional y en en otros ámbitos para la reactivación económica

Energía

El despliegue de renovables en España, que se ha fijado tener un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050, permitirá aprovechar su potencial en términos de generación de empleo, actividad económica y competitividad, en línea con los planes de recuperación económica verde la de Unión Europea. España cuenta con un importante recurso renovable y una cadena de valor consolidada con capacidad de crecimiento Entre otras cuestiones, la norma aprobada establece hitos y plazos temporales para evitar movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red El Real Decreto-ley también crea un nuevo sistema de subastas que ofrece estabilidad al inversor y permite que el conjunto de los consumidores se beneficie de los ahorros asociados a la integración de renovables en el sistema, ya que son la fuente de generación de energía más barata Se incorporan a la regulación española nuevos modelos de negocio que el sector ya está demandando, como es el caso del almacenamiento, la hibridación y el agregador independiente. Al tiempo, se regulan las comunidades de energía renovables, que favorecen la participación de los ciudadanos en la transición energética Con el objeto de asegurar la liquidez del sistema y mitigar los desajustes que ha provocado la crisis del COVID-19, se habilita la posibilidad de inyectar el superávit de ejercicios anteriores

La norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones. Con ello, y en el contexto de la recuperación tras el COVID-19, se establece un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata.

El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable. El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el Real Decreto-ley aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y, por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19.

Ciencia e innovación

Este Real Decreto-ley para la reactivación económica también tiene un  efecto sobre la concesión de las ayudas internacionales para proyectos científicos, que reduce los trámites administrativos.

La medida establece la posibilidad de conceder de forma directa aquellas subvenciones para la cofinanciación nacional de proyectos de investigación científica, técnica e innovación que sean consecuencia de convocatorias públicas de I+D+I al amparo del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, así como de convocatorias públicas provenientes de tratados o acuerdos internacionales suscritos por España.

De esta forma, "se suprime un paso administrativo adicional, que suponía la realización de una segunda convocatoria de subvenciones a nivel nacional para proyectos que ya habían sido evaluados y seleccionados internacionalmente", explica el comunicado.

La inminente obligatoriedad de cofinanciación por parte de los Estados Miembros en las Asociaciones del Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa (2021-2027) "implica la necesidad de un mecanismo ágil (en tiempo y forma)" que permita la concesión de las subvenciones para la realización de dichos proyectos de investigación científica, técnica y de innovación en ese ámbito.

El Ministerio pretende, a través de sus agentes financiadores, poner en marcha "herramientas ágiles de apoyo a la I+D+I que permitan la sincronización entre entidades financiadoras internacionales y minimicen" el tiempo de concesión.

Actualmente, el tiempo medio requerido por los agentes públicos estatales de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para financiar a una entidad española participante en un proyecto internacional de H2020 es de nueve a doce meses.

Se trata un plazo superior al de los principales socios europeos -aproximadamente tres meses- "lo que ocasiona retrasos en los lanzamientos de los proyectos con participación española y también, que los grupos españoles no sean socios considerados como prioritarios, a pesar de su valía, debido a retrasos en la financiación nacional que reciben", agrega el comunicado.

Con esta medida, España avanzará en la cofinanciación de los agentes públicos estatales de financiación en distintos programas internacionales y, por tanto, "supondrá una mejora notable en las tasas de retorno obtenidas por las entidades españolas de I+D+I".