La Ley de Movilidad Sostenible introduce un cambio de paradigma y eleva la movilidad eficiente a la categoría de derecho, obligando a las compañías de más de 200 empleados a redefinir el día a día de sus plantillas antes de diciembre de 2026.

Los trayectos diarios tienen un impacto directo y cuantificable sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y, por consiguiente, sobre los objetivos de desarrollo sostenible de nuestro tejido empresarial. Este factor no es menor si atendemos a las dinámicas actuales de atracción de talento. La sostenibilidad ya no es un elemento meramente ornamental; el 62% de los profesionales considera fundamental el compromiso sostenible e impacto ambiental de una organización como criterio decisivo a la hora de incorporarse o permanecer en una estructura empresarial.

En este escenario, la Ley de Movilidad Sostenible (LMS) transforma el transporte corporativo en una responsabilidad compartida.

Lo esencial de la normativa:

• ¿Quiénes están obligados? Empresas con centros de más de 200 trabajadores (o más de 100 por turno).

• Plazo crítico: Los planes deben estar listos e implantados antes del 5 de diciembre de 2026. El plazo se redujo a la mitad (de dos años a uno) por el Real Decreto-ley 7/2026.

• Requisitos y multas: El documento debe ser negociado con los representantes de los trabajadores y someterse a evaluación periódica. El incumplimiento conlleva sanciones de hasta 2.000 €.

Soluciones válidas

Para reducir el coche privado, las compañías pueden recurrir al teletrabajo, formatos híbridos, movilidad activa (bicicletas o caminar) o carpooling o coche compartido. Entre otras opciones se puede destacar el uso de la tarjeta transporte como una de las medidas más rápidas, sencillas y económicas para fomentar el transporte público colectivo.

El verdadero reto ya no es diseñar el plan, sino lograr que los empleados lo adopten antes de que expire el plazo legal.